El tifón que experimentaron las bolsas de Asia amenazó luego al resto del mundo. La mundialización cuyo principal motor es la optimización a escala planetaria del capital financiero - está poniendo a los pueblos en estado de inseguridad generalizada. Ignora y rebaja a las naciones y a sus Estados en tanto que espacios idóneos para el ejercicio de la democracia y como garantices del bien común. La mundialización financiera ha creado de esta forma su propio Estado. Un Estado supranacional, que dispone de sus aparatos, de sus redes de influencia y de sus propios medios de acción. Se trata de la constelación formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) Estas instituciones hablan con una sola voz - amplificada por la práctica totalidad de los media- para exaltar las " virtudes del mercado". Este Estado mundial es un poder sin sociedad, ya que este rol es ejercido por los mercados financieros y las empresas gigantes de los que son mandatarios. El resultado es que las sociedades realmente existentes son sociedades sin poder (1). Y todo esto no deja de agravarse. Sucesora del GATT, la OMC se ha transformado desde 1995 en una institución dotada de poderes supranacionales y situada fuera de cualquier control por parte de las democracias parlamentarias. Una vez que se propone intervenir, la OMC puede aclarar a las legislaciones nacionales en materia de derecho laboral, de medio ambiente o de salud, "contrarias a la libertad de comercio" y pedir su derogación (2). El desarme del poder financiero debe convertirse en un objetivo de interés cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo se transforme en una jungla donde los predadores impongan su ley. Diariamente unos 1.500 millardos de dólares realizan múltiples idas y venidas, especulando sobre las variaciones en las cotizaciones de divisas. Esta inestabilidad de los cambios es una de las causas del alza de los intereses reales, que frena el consumo doméstico y de las inversiones de las empresas. Incrementa los déficits públicos y por otra parte incita a los fondos de pensiones, que manejan centenares de miles de millones de dólares, a reclamar a las empresas dividendos cada vez más elevados. Las primeras víctimas de esta "caza" del beneficio son los asalariados, cuyos despidos masivos hacen subir las cotizaciones bursátiles de sus ex -empleadores. ¿Pueden las sociedades seguir tolerando lo intolerable por mucho tiempo? Es urgente arrojar algunos granos de arena en el engranaje de estos movimientos de capitales devastadores. De tres formas: supresión de los "paraísos fiscales"; aumento de la fiscalidad en las rentas de capital; aplicación de tasas sobre las transacciones financieras. Los paraísos fiscales son zonas en las que reina el secreto bancario, que no sirve más que para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas. Miles de millones de dólares son sustraídos de esta forma a toda fiscalidad en beneficio de los poderosos y de los establecimientos financieros. Porque todos los grandes bancos del planeta tienen sucursales en los paraísos fiscales y extraen gran provecho de ello. ¿Por qué no decretar un boicot financiero, por ejemplo, a Gibraltar, o a las Islas Caimán o a Liechtenstein, mediante una prohibición a los bancos que trabajan con el sector público de operar y abrir filiales en esos lugares? El impuesto sobre las rentas financieras es una exigencia democrática mínima. Estos beneficios deberían ser sometidos exactamente a la misma fiscalidad a la que se somete a las rentas del trabajo. Esto no sucede en ningún lugar, en particular en la Unión Europea. La libertad total de circulación de capitales desestabiliza a la democracia. Por ello, es importante poner en marcha mecanismos disuasorios. Uno de ellos es la Tasa Tobin, que toma su nombre del Premio Nóbel norteamericano de economía, que la propuso en 1972. Se trata de gravar, de forma módica, todas las transacciones sobre los mercados de cambios para estabilizarlos y al mismo tiempo para procurar ingresos a la comunidad internacional. Con un nivel del 0,1%, la tasa Tobin lograría anualmente unos 166 mil millones de dólares, dos veces más que la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extremada de aquí al comienzo del próximo siglo(3). Numerosos expertos han señalado que la puesta en práctica de esta tasa no presentaría ninguna dificultad técnica(4). Su aplicación arruinaría el credo liberal de cuantos no cesan de evocar la ausencia de soluciones de recambio al sistema actual. ¿Por qué no crear ( a escala planetaria) la Organización no Gubernamental Acción por una Tasa Tobin de ayuda a los ciudadanos (ATTAC)? En coordinación con sindicatos y asociaciones con finalidades culturales, sociales o ecológicas, podría funcionar como un formidable grupo de presión cívica ante los gobiernos para impulsarles a reclamar finalmente la puesta en marcha efectiva de este impuesto mundial por la solidaridad